El debate por el paquete de reformas en materia de seguridad pública impulsado por el gobierno provincial comenzó a dar sus primeros pasos formales en la Legislatura de Santa Fe, dejando en evidencia un marcado contrapunto entre los poderes del Estado. Durante un plenario de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales en la cámara baja, los diputados recibieron a representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa y la Corte Suprema de Justicia, que asistió de forma presencial con sus siete miembros. Mientras el Ejecutivo busca herramientas más duras para agilizar la actuación policial, las máximas autoridades judiciales advirtieron sobre los riesgos inconstitucionales de ceder tantas facultades a las fuerzas de calle.
Según detallaron en Radiópolis (Radio 2), el mensaje enviado por el gobierno de Maximiliano Pullaro implica la modificación de un «paquetón de leyes» provinciales. Entre los puntos más controversiales que se discuten por estos días en la capital santafesina figuran la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, la toma de declaraciones sin la presencia inmediata de abogados defensores, cambios en la ley de inteligencia y una reestructuración en el sistema de recompensas para que operen sin necesidad de un pedido de los fiscales.
Al finalizar el primer encuentro interinstitucional, la diputada y presidenta de la comisión, Lionela Catalini, valoró la predisposición de las partes. «La verdad que fue una buena reunión, en términos muy respetuosos, todos abogando por la calidad institucional de la provincia y por defender la Constitución», señaló la legisladora, aunque reconoció que hubo requerimientos concretos: «Tuvimos algunos planteos en ese sentido de que hay que adecuar algunas oraciones, algunos párrafos a la normativa internacional fundamentalmente y a la norma vigente en la provincia de Santa Fe».
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