Nuevo ajuste de Milei: el Gobierno dejó de subsidiar pasajes para personas con discapacidad y trasladó el costo a las empresas
Es un beneficio para algunos enfermos que necesitan trasladarse a otras ciudades o provincias.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte que impacta directamente sobre el sistema de transporte de larga distancia y vuelve a generar preocupación en sectores vinculados a la discapacidad. La administración de Javier Milei eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de ómnibus por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
A partir de ahora, las compañías deberán absorber el costo total de esos boletos, una decisión que el oficialismo enmarca dentro de su política de ajuste y reducción del gasto público. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que la medida podría traducirse en nuevos aumentos de tarifas, reducción de servicios o mayores dificultades para acceder al derecho al transporte gratuito.
El beneficio continúa, pero sin apoyo económico del Estado
La resolución oficial aclaró que las personas alcanzadas por el régimen seguirán teniendo derecho a viajar sin cargo en micros de larga distancia. Lo que cambia es quién financia ese beneficio: el Estado dejará de compensar económicamente a las empresas por esos pasajes.
Hasta ahora, las compañías recibían subsidios parciales para cubrir el costo de los boletos gratuitos establecidos por ley. Con la eliminación de esa ayuda, el Gobierno trasladó la carga financiera al sector privado en medio de un contexto económico complejo y de desregulación del transporte automotor.
Empresarios advierten por aumentos y conflictos
Desde las cámaras empresarias del transporte ya anticiparon que la medida podría tener consecuencias directas sobre el precio de los pasajes para el resto de los usuarios. “Alguien tiene que pagar”, señalaron referentes del sector al cuestionar que el Estado se retire del esquema sin ofrecer alternativas de financiamiento.
Según datos del empresariado, mensualmente se entregan alrededor de 100 mil pasajes gratuitos en todo el país, lo que representa costos multimillonarios para las empresas de larga distancia.
Además, varias compañías vienen reclamando desde hace meses una redefinición del sistema luego de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que eliminó el carácter de “servicio público” del transporte de larga distancia y flexibilizó recorridos, horarios y tarifas.
Crece la preocupación en organizaciones de discapacidad
Organizaciones sociales y sectores vinculados a la discapacidad expresaron preocupación por el impacto que podría tener la medida sobre uno de los derechos fundamentales garantizados por ley: el acceso al transporte gratuito. En redes sociales y distintos espacios de debate comenzaron a multiplicarse las críticas al ajuste y al retiro del Estado en áreas sensibles.
La normativa vigente establece que las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratuitamente en servicios controlados por el Estado nacional, incluyendo micros de larga distancia interprovinciales.
Ajuste, desregulación y conflicto social
La decisión se suma a otras medidas impulsadas por el gobierno libertario en el marco del fuerte ajuste fiscal y la desregulación económica. Mientras el Ejecutivo insiste en reducir subsidios y gasto público, crecen los cuestionamientos por el impacto social de las políticas sobre sectores vulnerables.
El conflicto ahora abre nuevos interrogantes: si las empresas podrán sostener el sistema sin compensaciones estatales y si el acceso efectivo al transporte gratuito para personas con discapacidad continuará garantizado en todo el país.
