La motosierra en el Pami: otra ley que no se cumple y los ostomizados se suman a las víctimas del modelo Milei

El caso de una afiliada que desde marzo no recibe insumos se replica en cientos de jubilados que sufren el modelo de ajuste que arrasa con derechos adquiridos.

El kit de insumos para una persona ostomizada es, en esencia, un salvavidas que se renueva cada día. Una bolsa colectora, un disco adhesivo, una pasta barrera. Sin esos elementos, la vida se torna una carrera contra el tiempo, el dolor y la infección. Y desde hace meses, ese salvavidas ha dejado de llegar al Pami por el canal que la ley, la 27.071, dice que debería hacerlo.

Paula, hija de la jubilada Alicia Leiva, le explicó a El Ciudadano lo que ocurre -en silencio- en miles de hogares argentinos. Alicia fue operada de urgencia en 2022 por un cáncer colorrectal que demandó una colostomía definitiva, la mujer llevaba tres años recibiendo los insumos con relativa normalidad a través del sistema de entrega del Pami, la obra social que cubre su salud. Pero en marzo de este año, los envíos se interrumpieron sin aviso.

«A partir de marzo dejaron de entregar regularmente los insumos. Son muy costosos. Imaginate que pueden ser hasta desde un 25% a un 30% del salario de un jubilado. Es un montón», relató Paula.

Cada mes, la familia tuvo que cubrir las necesidades con donaciones de otras personas ostomizadas, una práctica tristemente común que teje redes de solidaridad subterránea ante la orfandad estatal. Pero las donaciones son limitadas y, lo más grave, no siempre se ajustan a los requerimientos médicos específicos de cada paciente. La lectora denuncia que, en la sede local del Pami, les confesaron que «no le había llegado a nadie desde marzo» y que una orden de Nación les había prohibido a las delegaciones regionales recurrir a las compras de excepción que antes permitían sortear demoras administrativas.

«Están dejando en banda a las personas ostomizadas», sentencia Paula.

¿Qué dice la 27.071?

El caso no es una anécdota ni un olvido burocrático. Es una violación directa a la Ley Nacional 27.071, sancionada en 2014 y promulgada en 2015, que en su artículo 1° ordena la «cobertura total de los dispositivos o bolsas para ostomías y los elementos accesorios necesarios» para todas las personas ostomizadas, en todos los subsistemas de salud: el público, las obras sociales y las prepagas. La norma fue incorporada al Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que le da un carácter vinculante y universal.

La letra de la ley es prolija y abarcativa. En su artículo 2°, establece como objetivos nada menos que «alcanzar el nivel más elevado de calidad de vida» para el paciente ostomizado, y «garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación y prestaciones»; incluso, de manera casi premonitoria, dispone la necesidad de «incorporar mecanismos de control necesarios que garanticen la entrega en tiempo y en forma» de los insumos. La cantidad de dispositivos se define en función de la prescripción médica (artículo 3°), y los elementos deben cumplir estándares de calidad para proteger la salud de la persona (artículo 4°). Finalmente, el artículo 6° obliga a disponer de un equipo interdisciplinario para garantizar la rehabilitación y reinserción social del paciente.

La crisis del Pami

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el primer cuatrimestre de 2026, las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% en comparación con el mismo período de 2025. Los números son contundentes: entre enero y abril, el organismo recibió apenas 0,4 billones del Tesoro y 0,6 billones de la Ansés, una caída interanual real del 29,5% en las prestaciones. El Pami, que atiende a más de 5,4 millones de afiliados, proyectó para 2026 un presupuesto de 10,17 billones de pesos, pero la sangría es evidente.

Para colmo, la deuda acumulada con prestadores, clínicas y proveedores alcanza niveles siderales: según estimaciones privadas, ronda los 1.000 millones. Sin embargo, ese dinero llega con cuentagotas: 33% en julio, 33% en agosto y el 34% restante en septiembre, y no está claro que los insumos de ostomía sean una prioridad en la lista de acreedores.

La orden de no comprar

La gravedad del caso no radica solo en la falta de recursos, sino en la manera en que se administra. La lectora denunció que en el Pami les informaron que «desde Nación» se les prohibió a las delegaciones regionales hacer compras por vía de excepción, una herramienta que antes se utilizaba para saltear las demoras de las licitaciones o los problemas de stock.

Esta política de «no comprar» deja a los pacientes en un callejón sin salida: si acuden a una farmacia o a un proveedor privado, deben pagar precios astronómicos —un kit mensual puede superar fácilmente los $350.000, como puede verse en las ofertas de marcas líderes como Coloplast— y luego esperar un reintegro que, según testimonios recogidos, tarda meses en llegar o directamente nunca se concreta.

«En otras épocas, el Pami regional podía hacer compras por vía de excepción. Ahora, desde Nación les bajaron la orden de no comprar. Si vos vas y compras, no tenés tampoco posibilidad de que te lo reintegren», denuncia la hija.

Más allá de la indignidad

El debate no es meramente económico. La falta de insumos adecuados tiene consecuencias clínicas severas. Las bolsas y los discos que no sellan de forma correcta producen filtraciones de los efluentes intestinales, que son extremadamente ácidos y pueden erosionar la piel periestomal, provocando irritaciones severas, heridas, infecciones y, en casos extremos, la necesidad de una nueva intervención quirúrgica para recolocar el estoma.

«Si no es lo que necesitan, las pieles se empiezan a irritar, se empiezan a quemar por los ácidos que vienen del estómago, del intestino, empiezan a tener un montón de complicaciones», relata Paula.

En un país donde se estima que viven entre 80.000 y 100.000 personas ostomizadas, según diversos relevamientos de asociaciones civiles, y donde casi 8 de cada 10 jubilados dependen del PAMI para su atención médica, el número de afectados por esta paralización es potencialmente masivo. El silencio que rodea al tema, al que Paula alude como un «tabú» que disuade a muchas personas de denunciar públicamente, opera como un cómplice perfecto del desmantelamiento invisible del derecho a la salud.