Amsafé vuelve este miércoles a la Legislatura de Santa Fe para reclamar la derogación de la reforma previsional y poner nuevamente bajo la lupa la política del gobernador Maximiliano Pullaro. El gremio docente llevará un petitorio firmado por trabajadores de distintos puntos de la provincia y concentrará a las 11 en la explanada del edificio legislativo.
La protesta tiene un reclamo concreto, pero detrás aparecen varias discusiones que atraviesan a la docencia santafesina: jubilaciones que, según denuncia el gremio, quedaron deterioradas, aumentos que no siempre llegan al mismo tiempo a activos y pasivos, salarios con componentes no remunerativos y una negociación paritaria que terminó nuevamente en manos del Poder Ejecutivo.
El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, confirmó la movilización y cuestionó que la reforma previsional aprobada en 2024 siga vigente casi dos años después.
Para el dirigente, llegó el momento de que diputados y senadores revisen qué consecuencias tuvo aquella decisión.
Cuatro reclamos contra la reforma previsional
El petitorio que Amsafé entregará en la Legislatura contiene cuatro reclamos principales: la derogación del aporte solidario, el pago simultáneo de los aumentos a trabajadores activos y jubilados, el respeto del 82% móvil y la derogación de la reforma previsional.
La discusión tiene una dimensión especialmente sensible para los docentes porque el salario activo está directamente relacionado con el futuro haber jubilatorio.
Alonso cuestionó la existencia de sumas que no son remunerativas ni bonificables y afirmó que un jubilado docente puede cobrar alrededor del 60% de lo que percibe un trabajador en actividad.
Para quienes pasaron décadas frente a un aula, la discusión no es abstracta. Se trata de cuánto dinero entra todos los meses a la casa después de dejar de trabajar.
“No nos conviene jubilarnos”: la frase que resume el conflicto
Uno de los planteos más fuertes de Amsafé apunta a las condiciones para acceder a la jubilación.
Alonso sostiene que la reforma modificó las condiciones previsionales, elevó la edad jubilatoria —con especial impacto sobre las mujeres— y complicó el cálculo de los haberes.
La consecuencia, según el gremio, es que muchos docentes que podrían retirarse prefieren continuar trabajando porque jubilarse significa perder una parte importante de sus ingresos.
“No nos conviene jubilarnos”, sintetizó el dirigente.
El problema no queda encerrado en el bolsillo del trabajador. Amsafé advierte que también afecta el funcionamiento de las escuelas, porque si los docentes retrasan su retiro, el recambio generacional se demora.
La imagen que plantea el gremio es sencilla: docentes que permanecen más años frente al aula porque no pueden darse el lujo de jubilarse.
Los aumentos de Pullaro: el Gobierno habla de mejoras, Amsafé habla de pérdida salarial
La discusión previsional ocurre en paralelo con el conflicto salarial.
En marzo de 2026, el Gobierno de Pullaro oficializó mediante el Decreto 457/2026 un incremento del 12,5% para el sector docente durante el primer semestre. La propuesta había contemplado distintos tramos de aumento y una compensación por la diferencia de inflación de noviembre y diciembre de 2025.
La Provincia también estableció un esquema que incorporó un mínimo garantizado y el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente, conocido como Fopcid. Para determinados docentes, el Gobierno presentó ese esquema como una mejora de $270.000, compuesta por $170.000 de incremento mínimo y $100.000 correspondientes al fondo de capacitación.
El problema está en cómo se mira el recibo de sueldo.
Para la administración provincial, el aumento se traduce en números concretos y permite mostrar una evolución salarial. Para Amsafé, en cambio, una parte de la mejora se encuentra vinculada a conceptos que no tienen el mismo impacto sobre la carrera salarial ni sobre la jubilación.
Ahí aparece una de las mayores diferencias entre las dos partes.
La segunda mitad del año volvió a terminar en conflicto
En julio, el Gobierno provincial llevó a la mesa paritaria una propuesta para el segundo semestre que contemplaba un 10,1% de incremento, un mínimo garantizado, una compensación no remunerativa para quienes habían quedado por debajo de la inflación durante el primer semestre y mejoras específicas para cargos directivos y de supervisión.
La Provincia presentó además el esquema como un aumento semestral cercano al 15%, considerando el conjunto de herramientas salariales, y sostuvo que el incremento promedio anual llegaría aproximadamente al 49%. Para un maestro de grado sin antigüedad y con 25 horas semanales, proyectó un salario de $1.517.481 en diciembre.
Amsafé rechazó la propuesta.
El gremio reclamó una cláusula de actualización automática frente a la inflación, recuperar el poder adquisitivo perdido y discutir la deuda salarial de 2023. También cuestionó el peso creciente de las sumas no remunerativas.
La Asamblea Provincial de Amsafé denunció una pérdida de poder adquisitivo superior al 30% en salarios y jubilaciones docentes.
Cuando la paritaria termina en decreto
Hay otro punto que explica por qué la movilización tiene también un fuerte contenido político.
Después del rechazo de la propuesta salarial, el Gobierno volvió a utilizar el mecanismo del decreto para establecer la política salarial docente.
El Decreto 1599/2026, firmado por Pullaro el 3 de agosto, oficializó la política salarial para el personal docente de la provincia.
Desde Amsafé cuestionaron que el Ejecutivo termine fijando por decreto aquello que la docencia había rechazado en la discusión paritaria. El gremio calificó la medida como una imposición y anunció la continuidad del plan de lucha.
Y acá aparece una cuestión que excede el porcentaje.
Una paritaria debería ser un espacio de negociación. Si la propuesta es rechazada y finalmente el Gobierno establece las condiciones mediante un decreto, la discusión pasa también por la capacidad real de los trabajadores para incidir sobre su propia política salarial.
Jubilados que esperan y docentes que siguen trabajando
El reclamo previsional tiene además otro punto que Amsafé considera especialmente grave: el pago diferido de los aumentos a los jubilados.
El gremio sostiene que los incrementos salariales deben llegar de manera simultánea a activos y pasivos. La demora implica que mientras un docente en actividad comienza a cobrar una mejora, quien dejó el sistema puede tener que esperar para recibir el mismo incremento.
En una economía donde los precios no esperan, esa diferencia tiene consecuencias concretas.
No es solamente una discusión contable. Para un jubilado, esperar meses por un aumento significa atravesar ese período con el mismo alquiler, las mismas facturas y los mismos precios de supermercado, pero con un ingreso que todavía no incorporó la mejora salarial.
El aporte solidario y la Caja de Jubilaciones
Amsafé también mantiene su cuestionamiento al aporte solidario aplicado a los jubilados.
Alonso recordó que hubo reclamos judiciales individuales y una acción colectiva promovida por el gremio. Según explicó, el planteo colectivo contra la reforma tuvo un resultado negativo en primera instancia y fue apelado. Actualmente, sostuvo, la cuestión se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
El gremio pretende que la Justicia revise la constitucionalidad y los efectos de la reforma.
Mientras tanto, la Caja de Jubilaciones continúa siendo uno de los principales campos de disputa entre Santa Fe y Nación.
Pullaro, la Caja y los fondos nacionales
El Gobierno provincial justificó buena parte de sus decisiones previsionales en la necesidad de garantizar la sustentabilidad de la Caja.
Amsafé plantea otra salida: que Santa Fe reclame al Gobierno nacional los fondos previsionales que corresponden a la provincia y que no traslade el costo del déficit sobre los trabajadores.
Alonso recordó incluso declaraciones del propio Pullaro en las que se había hablado de una Caja saneada y utilizó esa posición para cuestionar la continuidad del aporte solidario y de la reforma.
La pregunta del gremio es política y económica al mismo tiempo: si el sistema estaba encaminado hacia el equilibrio, por qué mantener medidas que afectan directamente a trabajadores y jubilados.
La pelea de Amsafé ya no es solamente por un porcentaje
La movilización de este miércoles muestra que el conflicto docente santafesino tomó una dimensión más amplia.
Amsafé no solamente discute cuánto cobrarán los docentes durante los próximos meses. Está cuestionando el modelo previsional, la composición del salario, la pérdida de poder adquisitivo, el pago diferido a los jubilados y la forma en que el Gobierno provincial utiliza los decretos para cerrar las discusiones salariales.
Del otro lado, Pullaro sostiene una política de orden fiscal y presenta sus aumentos como parte de un esfuerzo financiero de la Provincia.
El problema es que ambos discursos parten de realidades muy distintas.
Desde la Casa Gris se habla de porcentajes acumulados y salarios de referencia. Desde las escuelas se habla de cuánto alcanza el sueldo después de pagar alquiler, alimentos, transporte y servicios.
Y en el caso de los jubilados, la discusión es todavía más directa: cuánto queda después de una vida de trabajo.
Por eso la frase de Alonso tiene tanta fuerza política: “No nos conviene jubilarnos”.
Si un docente llega a la edad de retiro y decide seguir trabajando porque considera que su jubilación no le permitirá mantener un nivel de vida digno, entonces la discusión dejó de ser solamente previsional.
Pasó a ser una discusión sobre el salario, sobre el futuro de la educación pública y sobre el modelo de Estado que Santa Fe quiere construir.
Este miércoles, Amsafé llevará esa pelea a la Legislatura. Y el Gobierno de Pullaro tendrá nuevamente enfrente a un sector que no parece dispuesto a aceptar que el ajuste de las cuentas públicas termine siendo pagado, una vez más, por quienes trabajan y por quienes ya dejaron de hacerlo.
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