La desregulación del gas envasado: ¿Un beneficio para el mercado o un golpe a los hogares?
El área que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo decidió desregular los precios de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo
La reciente decisión del gobierno de desregular el mercado del gas envasado, eliminando los precios máximos de referencia para las garrafas, ha generado una profunda preocupación y justificada indignación entre la población. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 216/2024, permite que los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) sean fijados libremente, sin ningún tipo de tope, en un mercado ya de por sí volátil y especulativo.
La eliminación de los precios máximos de referencia, justificada bajo el pretexto de "liberar de regulaciones" y fomentar la "eficiencia económica", plantea serios riesgos para los hogares más vulnerables. En un contexto de alta inflación y creciente desigualdad, esta medida podría traducirse en un aumento descontrolado de los precios de las garrafas, afectando directamente a quienes dependen de este recurso básico para la cocción de alimentos y la calefacción.
El argumento oficial, que sostiene que la desregulación permitirá una "mejora progresiva" en la competencia del mercado, suena más a una defensa ideológica del libre mercado que a una política orientada al bienestar social. La realidad es que, en mercados esencialmente monopólicos o con poca competencia, la falta de regulación puede derivar en abusos de precios que impactan directamente en los consumidores.
Con la actualización del "precio de referencia", que fija el valor de una garrafa de 10 kg en $8.500, de 12 kg en $10.200, y de 15 kg en $12.750, sumado a la derogación de los apartamientos máximos permitidos, se anticipa un incremento que podría ser insostenible para muchas familias. Aunque el Programa Hogar, que subsidia el 80% del costo de una garrafa de 10 kg, sigue vigente, la eliminación de los precios máximos podría neutralizar el impacto positivo de este subsidio, obligando a las familias a pagar mucho más de lo que realmente pueden costear.
Es evidente que esta decisión está orientada a beneficiar a ciertos sectores de la industria del GLP, quienes ahora tendrán vía libre para fijar precios sin ninguna restricción. Mientras tanto, los consumidores, en especial los de menores recursos, son quienes pagarán las consecuencias de una política que, lejos de fomentar la equidad, profundiza las desigualdades.
Es imprescindible que tanto el gobierno como la sociedad reflexionen sobre las verdaderas implicancias de esta desregulación. En un país donde una gran parte de la población depende del gas envasado para cubrir sus necesidades básicas, medidas como esta no solo son inoportunas, sino también peligrosas. La prioridad debería ser proteger a los más vulnerables, no dejarlos a merced de un mercado que, sin regulaciones claras, podría llevarlos a una situación aún más crítica.
