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Malvinas: Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

13 octubre, 2026
en NACIONALES
Malvinas: Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
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El Gobierno de Javier Milei solicitó medidas provisionales para impedir el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación apunta a detener nuevas actividades, restringir el uso de datos de exploración y proteger el medio marino mientras avanza el procedimiento arbitral.

La Argentina presentó el 13 de octubre de 2026 un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa busca limitar las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido en una zona cuya soberanía reclama el país.

La presentación se concretó después de que venciera, el lunes 12 de octubre, el plazo de dos semanas que el Gobierno argentino había otorgado a Londres para que impidiera el inicio o la continuidad de las actividades relacionadas con el proyecto.

La gestión fue impulsada por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, junto con la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal. El Gobierno pidió una intervención urgente del organismo internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, mientras se prepara el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia.

Los cuatro pedidos de Argentina ante el Tribunal del Mar

El planteo argentino incluye cuatro requerimientos. El primero busca impedir que el Reino Unido permita el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.

El segundo apunta a evitar que se utilice, en perjuicio de los derechos argentinos, la información obtenida durante las exploraciones de los recursos naturales en las áreas marítimas en disputa.

El tercer pedido se relaciona con la protección del medio marino. Argentina invoca los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establecen obligaciones para proteger el ambiente marino y prevenir, reducir y controlar la contaminación.

Por último, el Gobierno solicitó que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas medidas que puedan agravar la controversia, en particular mediante el otorgamiento de permisos para explotar recursos naturales en la plataforma continental disputada.

La presentación no implica que estas medidas ya estén vigentes. El Tribunal deberá evaluar los argumentos jurídicos, la urgencia del caso y las condiciones necesarias para disponer una eventual restricción.

Qué es Sea Lion y qué empresas participan

El proyecto Sea Lion está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su desarrollo está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% de la participación y opera el proyecto, y de la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante.

Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010. A fines de 2025, las compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo, con el objetivo de iniciar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.

El plan contempla inicialmente once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027.

Las empresas mantuvieron sus planes de inversión pese al reclamo argentino. El 7 de octubre, Rockhopper informó un acuerdo de inversión por 44 millones de dólares relacionado con su participación en la sociedad propietaria del buque destinado al proyecto.

En paralelo, el Gobierno argentino informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion. Navitas, por su parte, señaló que trabajaba para reemplazar a dos contratistas y sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo.

Qué puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El pedido se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Esa disposición permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se espera la constitución de un tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo.

El procedimiento arbitral había sido iniciado por Argentina el 28 de septiembre de 2026, conforme al Anexo VII de la Convención. La solicitud de medidas provisionales busca preservar los derechos que invoca el país antes de que el proceso principal avance.

Los jueces deberán determinar si existe una base jurídica inicial para la intervención del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una decisión urgente. Podrán aceptar los pedidos, rechazarlos o establecer medidas diferentes de las solicitadas.

Si dispone medidas provisionales, estas serán obligatorias para las partes. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

Al 13 de octubre no se había anunciado una fecha oficial para las audiencias ni para la resolución. Los antecedentes del procedimiento permiten considerar noviembre como una posibilidad, pero no existe una fecha confirmada.

El antecedente de la Fragata Libertad

Argentina ya recurrió a este mecanismo en 2012, cuando la Fragata ARA Libertad quedó retenida en Ghana por una disputa judicial vinculada con acreedores de la deuda externa.

En aquella oportunidad, el país inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales. El Tribunal del Mar ordenó el 15 de diciembre de 2012 la liberación inmediata e incondicional del buque, luego de recibir el pedido el 14 de noviembre.

El antecedente muestra que el organismo puede adoptar decisiones urgentes antes de que concluya un arbitraje. Sin embargo, los casos tienen diferencias jurídicas: el de la fragata estaba relacionado con la detención de un buque, mientras que el actual involucra actividades petroleras y una disputa de soberanía.

El reclamo argentino por la soberanía de Malvinas

La posición argentina se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.

La Resolución 2065, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una controversia entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a ambos países a negociar una solución. En 1976, la Resolución 31/49 pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.

El Gobierno argentino sostiene que la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta los derechos que reclama sobre la plataforma continental y puede agravar el conflicto. También plantea que la extracción de un recurso no renovable puede generar consecuencias que una decisión judicial posterior no consiga revertir.

El Reino Unido, en cambio, defiende las actividades petroleras autorizadas por las autoridades de las islas y sostiene que se ajustan a la normativa aplicable y al derecho internacional.

La discusión también presenta un desafío jurídico: la CONVEMAR regula cuestiones vinculadas con el derecho del mar, pero no otorga al Tribunal una competencia general para resolver disputas de soberanía territorial. Por eso, el planteo argentino busca encuadrar el caso en las obligaciones internacionales sobre recursos marítimos, protección ambiental y preservación de los derechos en disputa.

Qué sigue después de la presentación

Con el pedido presentado el 13 de octubre, el Gobierno argentino avanzó con la vía judicial internacional que había anunciado a fines de septiembre. Ahora deberá esperar la evaluación del Tribunal del Mar, que determinará si corresponde imponer restricciones temporales sobre Sea Lion.

Mientras tanto, las empresas mantienen como objetivo iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

La decisión del Tribunal será clave para establecer si el proyecto puede continuar sin nuevas restricciones durante el arbitraje o si deberá afrontar medidas provisionales mientras se analiza la controversia.

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