La Cámara de Senadores de Santa Fe dio este jueves media sanción a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos o narcotests a las personas que ejerzan determinados cargos públicos en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial.
La iniciativa, presentada en julio por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, deberá ahora ser analizada y votada por la Cámara de Diputados para poder convertirse en ley.
El proyecto establece en su artículo primero la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales para todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos o que hayan sido designadas políticamente, durante el ejercicio de sus funciones.
Narcotests obligatorios para funcionarios de los tres poderes
Según los fundamentos de la iniciativa aprobada por el Senado, la medida se encuadra dentro de una política pública integral de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales.
Además, sus impulsores sostienen que los controles buscan fortalecer la transparencia, la ejemplaridad, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la administración pública.
El proyecto tomó impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera públicamente a un narcotest y convocara a otros integrantes de su gestión a realizarse controles similares.
Cómo serían los controles toxicológicos en Santa Fe
La iniciativa establece que los exámenes serán obligatorios y gratuitos para los funcionarios alcanzados por la futura norma.
El esquema previsto contempla diferentes instancias de control:
- Un examen inicial, que deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción del cargo.
- Controles periódicos, al menos una vez por año.
- Exámenes aleatorios, mediante un sistema de sorteo.
- Estudios ante la existencia de denuncias fundadas.
La aplicación de los narcotests deberá respetar principios vinculados con la confidencialidad, la dignidad de las personas, el derecho de defensa y la correspondiente cadena de custodia de las muestras.
Qué funcionarios deberán realizarse los narcotests
El alcance del proyecto incluye a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. Entre ellos se encuentran el gobernador y el vicegobernador, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y autoridades de organismos de control.
La iniciativa también contempla la posibilidad de que otros agentes públicos provinciales puedan someterse a los exámenes de manera voluntaria.
Qué ocurrirá si un funcionario da positivo en el narcotest
Ante un resultado positivo, el proyecto establece un abordaje interdisciplinario, que incluirá asistencia, orientación y una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar ejerciendo el cargo.
La propuesta contempla la posibilidad de implementar medidas de carácter sanitario, administrativo o terapéutico, bajo un enfoque que, según establece el texto, será no punitivo.
En cambio, la negativa injustificada a realizarse el examen podría ser considerada una falta grave. En esos casos, la iniciativa prevé que puedan aplicarse medidas como una suspensión preventiva, la apertura de un sumario administrativo o incluso la remoción del cargo, de acuerdo con los mecanismos legales correspondientes a cada función.
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