El retiro del proyecto que buscaba ampliar el límite para la compra de tierras por parte de extranjeros no frenó la polémica. En el centro de la discusión quedó el senador de La Libertad Avanza por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, fundador y director de una empresa dedicada justamente a gestionar inversiones y operaciones de tierras para clientes del exterior. La situación reavivó las críticas al Gobierno nacional y abrió interrogantes sobre los intereses que representa el oficialismo en este debate.
El proyecto se frenó, pero dejó una fuerte controversia
El Gobierno nacional decidió retirar del temario del Senado el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras que proponía elevar del 15% al 25% el límite de superficie rural que pueden adquirir personas o empresas extranjeras.
La decisión llegó después de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
Sin embargo, la discusión tomó otro rumbo cuando se conoció un dato que generó cuestionamientos políticos: uno de los senadores que respaldaba la reforma, Joaquín Benegas Lynch, es fundador y director de una empresa que asesora e intermedia en la compra, administración e inversión de tierras para clientes extranjeros.
La empresa del senador opera con tierras en cinco países
Benegas Lynch, senador nacional por Entre Ríos y referente de La Libertad Avanza, dirige Glocal Terra, una firma que trabaja con operaciones vinculadas a tierras rurales en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.
Según la información publicada por la propia empresa, ofrece servicios de inversión, administración de campos, valuaciones y asesoramiento para compradores internacionales.
Entre sus actividades, la firma sostiene que:
- Trabajó sobre más de 3 millones de hectáreas en distintos mercados de América Latina.
- Realizó valuaciones de más de 400.000 hectáreas.
- Administra alrededor de 85.000 hectáreas forestales.
- Desarrolla proyectos vinculados con créditos de carbono en Argentina y Chile.
En su sitio web también promociona oportunidades de inversión que incluyen campos agrícolas en la zona núcleo argentina, establecimientos ganaderos en Paraguay, viñedos en Mendoza, plantaciones forestales en Uruguay y propiedades rurales en la Patagonia.
Un dato que alimenta las críticas
La coincidencia entre la actividad privada del senador y el proyecto que impulsaba el oficialismo volvió a instalar el debate sobre posibles conflictos de intereses.
Si bien no existe una resolución judicial que determine una incompatibilidad ni una acusación formal por ese motivo, el hecho de que un legislador que dirige una empresa dedicada a facilitar inversiones extranjeras en tierras respaldara una reforma que ampliaba el porcentaje permitido para esas compras generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.
Las críticas apuntan a la necesidad de que quienes participan en la elaboración o votación de leyes lo hagan sin que existan intereses privados que puedan poner en duda la imparcialidad de sus decisiones.
El Gobierno retiró ese capítulo, pero mantiene otros cambios
Aunque el Ejecutivo dio marcha atrás con la modificación sobre la extranjerización de tierras, otros aspectos del proyecto continúan generando discusión.
El intento de flexibilizar uno de los límites establecidos por la Ley de Tierras fue interpretado por sectores opositores, organizaciones rurales y referentes sociales como una señal de apertura hacia una mayor participación de capitales extranjeros sobre recursos estratégicos del país.
Esa interpretación alimentó nuevas críticas hacia la administración de Javier Milei, que sostiene una agenda de desregulación y apertura económica.
¿Qué intereses representa el oficialismo?
El caso de Benegas Lynch volvió a instalar una pregunta que atraviesa buena parte del debate político: ¿las reformas impulsadas responden exclusivamente a una visión económica liberal o también benefician intereses privados vinculados a determinados sectores?
La aparición de este dato no responde por sí sola esa pregunta, pero sí incrementó las dudas y el nivel de escrutinio sobre el rol que desempeñan algunos funcionarios y legisladores en proyectos que podrían tener relación con sus actividades empresariales.
En un contexto donde la propiedad de la tierra continúa siendo un tema sensible para gran parte de la sociedad argentina, la discusión excede el contenido de una ley y vuelve a poner el foco sobre la transparencia, la ética pública y la necesidad de evitar cualquier situación que pueda afectar la confianza en las instituciones.
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